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jueves, 13 de octubre de 2011

La Acusacion

qUÉ ES EL SISTEMA ACUSATORIO
Uno de los deberes básicos de todo Estado de derecho es garantizarles a ciudadanos y ciudadanas que sus bienes jurídicos serán tutelados o protegidos de acuerdo con procesos legalmente establecidos.

La única forma de garantizar la protección de esos bienes jurídicos es mediante la posibilidad de acceso a la justicia por parte de quien se sienta perjudicado.
Acceso significa, en última instancia, que un tercero imparcial (juez) escuche a quien se siente perjudicado y le imparta justicia, con arreglo a un proceso previamente delimitado por la ley.
El acceso es de doble entrada, porque, por un lado, la persona ofendida tiene derecho de que se le informe, de que se le permita intervenir, y de que se le permita impugnar, mientras que, por otro lado, la persona acusada tiene el correlativo derecho a un debido proceso, a la defensa (sea guardando silencio, sea ofreciendo prueba de descargo) y a la aplicación de una serie de principios protectores de su situación de inocencia mientras no se le demuestre su culpabilidad.
De ahí que acceso a la justicia no puede ser interpretarse solamente como posibilidades para el acusador con denegación del debido proceso para el acusado, pero tampoco puede verse como un sistema de formalidades tal que haga inoperante en la práctica el derecho a la tutela por parte de la víctima.
“Dentro de los deberes básicos del Estado contenidos en la Constitución Política de la República de Nicaragua, se encuentra el de hacer efectiva la tutela de bienes jurídicos mediante la persecución penal, en el marco del respeto de los derechos individuales de los ciudadanos nicaragüenses.
Para cumplir objetivamente con estos deberes y así hacer funcionar la administración de justicia penal, se introdujo el sistema acusatorio, público y oral en el nuevo Código Procesal Penal”.
Aguilar García, Marvin. Audiencias previas al juicio en el proceso penal nicaragüense. Managua, Ediciones Centro de Documentación e Información Judicial. 2006, p. 7.
El acceso a la justicia penal inicia con la posibilidad real de denunciar el hecho ilícito ante la autoridad, la cual debe presentar al órgano acusador público un informe policial o institucional. Ello abre la investigación penal, pero el proceso penal como tal se abre cuando se presenta la acusación contra persona determinada.
Para que un sistema, entonces, pueda recibir el adjetivo de acusatorio, tiene que permitir, de un modo no excesivamente formalizado, que se conozca la imputación del acusador en contra del acusado, posibilitando el acceso a la justicia por parte de quien se siente ofendido pero impidiendo que se imponga una condena a partir de una imputación ambigua, vaga o incierta, o mediante violación de un proceso ajustado al derecho de la Constitución y de los tratados internacionales.
Así, el sistema acusatorio se encuentra permanentemente en una relación tensa entre el acceso a la justicia por parte de la víctima y el derecho de defensa del imputado o acusado. Ambos elementos extremos constituyen el doble rostro del principio de tutela judicial efectiva.
No basta con que haya tutela judicial; la misma debe ser efectiva. Y esa efectividad solo puede medirse en función de un juego limpio y equitativo entre los intereses de ambos polos opuestos.
Obviamente, al final del camino deberá imponerse solo uno de los dos intereses, pero si el éxito de un interés se da por excesivos formalismos del proceso o por irrespeto al derecho de defensa, habrá tutela judicial, pero la misma no podrá ser llamada efectiva.
Efectividad también significa prontitud y cumplimiento. Una justicia que no es pronta ni cumplida, ni es justicia ni es efectiva. Al no ser efectiva, no está cumpliendo con el principio constitucional de justicia del artículo 5 de la Constitución Política de Nicaragua:
ARTICULO 5. Son principios de la nación nicaragüense: la libertad; la justicia; el respeto a la dignidad de la persona humana; (…)”
La característica más importante del sistema acusatorio es el derecho al contradictorio o derecho al examen de la legalidad y de la procedencia de las pretensiones de los sujetos procesales (acusador y acusado), los cuales pueden proponer y oponer intereses debatiéndolos ante el juez oralmente o por escrito (según sea la parte del proceso en que se encuentren).
El juez, en su función de árbitro o tercero imparcial, decide sobre la viabilidad legal de las diversas posturas y toma la decisión final con respecto a las pretensiones opuestas que se han sometido a su conocimiento.
El contradictorio, por lo tanto, es la base del juicio oral y público.
Otra característica igualmente importante es la separación de roles jurisdiccional, acusatorio y de defensa, que impide que los jueces penales inicien de oficio causas penales, realicen investigación delictiva, persigan o acusen, actividades todas que son propias del órgano acusador. El Ministerio Público, en consecuencia, no puede renunciar ni delegar sus facultades, directa ni indirectiamente, activa u omisivamente. Quedan a salvo las permisiones de ley en cuanto a la delegación de la acción penal en sujetos privados que pueden perseguir, acusar y negociar.
Usualmente el término acusatorio se utiliza para oponerlo al término inquisitivo, entendiendo por este último el sistema en que el acusador es juez y parte dentro del mismo conflicto, organiza la investigación y persecución penal, dirige el proceso, preside el juicio y toma la decisión final sobre las pretensiones.
Antes de la aplicación de los actuales códigos procesales derivados del Código Procesal Modelo para Ibero América, los códigos de procedimientos penales establecían que el Ministerio Público solamente debía presentar ante el juez, que se llamaba “juez de instrucción” o “juez instructor”, un requerimiento para que investigara los hechos delictivos denunciados.
Este funcionario investigador o pesquisidor, que no era un fiscal sino un juez, realizaba todos los actos de investigación y de prueba que fueran necesarios para terminar la investigación, y le devolvía el sumario al Ministerio Público para que este último indicara si estaba completa la investigación. Si el Ministerio Público consideraba que la investigación ya estaba concluida y que tenía toda la prueba necesaria para acusar, solicitaba al juez que emitiera un auto de procesamiento en contra del acusado, y luego el fiscal presentaba la acusación ante otro juez para que fijara fecha y lugar para el juicio.
El juez de instrucción, así, era prácticamente un fiscal haciendo funciones de juez, o un juez haciendo funciones de fiscal, lo que llevó a muchos abusos por parte del sistema penal, y recibió numerosas críticas de la doctrina y de la jurisprudencia internacionales, porque el juez se convertía en parte interesada y llevaba a juicio todo aquello que ya había investigado y en lo que se había convencido de que había delito.
El sistema penal tenía un enorme poder sobre las personas para llevarlas a juicio; el sistema de garantías y derechos ciudadanos se veía disminuido, pues solo hasta que se llegaba al juez de juicio podía el acusado –quizá- encontrarse con un juez que no tuviera ya un concepto “preformado” o prejuiciado sobre su culpabilidad.
En cambio, el interés más grande del sistema acusatorio es que el rol del acusador se diferencia absolutamente del rol del juez; este último se limita a escuchar la acusación o propuestas del acusador así como la defensa que realiza el acusado, para luego impartir su decisión, evitando extender una protección particular a cualquiera de ellos, fuera de la que le permite la ley.
Al juez, en el sistema acusatorio, le está prohibido expresamente realizar actos de investigación o proponer actos de prueba no solicitados por el acusador en el momento oportuno que la ley le concedió para hacerlo.
Algunos penalistas consideran que el juez actúa con mentalidad inquisitorial cuando realiza actuaciones en que asume el papel del Ministerio Público, ordenando la realización de actuaciones que debió haber solicitado el acusador en un momento procesal anterior, o bien practicando actos procesales que debieron haber sido vistos y previstos por el acusador –público o privado-. En la jurisprudencia y la doctrina usualmente son tildadas como actuaciones inquisitoriales (aunque las permita la misma ley):
a)    Ordenar, una vez en juicio, prueba para mejor proveer, a pesar de que el acusador pudo ordenarla y no lo hizo en el momento procesal oportuno.
b)    Ordenar de oficio la corrección de una acusación –pública o privada- que no imputa, o que no respeta los requisitos de claridad, especificación, precisión y circunstanciación.
c)    Montar en el juicio una estrategia de demostración de la acusación, cuando el acusador no pregunta lo que debería preguntar, o no valora la prueba tal como debería, o no concluye lo que debería concluir, según su teoría del caso (“hacerle el favor al Ministerio Público”). Esto mediante preguntas objetables a testigos, presiones o amenazas indirectas, u otro tipo de actuaciones que demuestran el interés de los jueces por lograr que prevalezca una de las tesis en discusión.
Sistema acusatorio viene a significar, entonces, que las facultades de persecución solamente serán ejercidas por los fiscales del Ministerio Público, por el acusador privado o por el querellante, limitándose los jueces al control de garantías constitucionales, internacionales y legales, así como al dictado de la solución final con arreglo a derecho.
Con otras palabras: si el acusador no hizo bien su acusación, si erró en su estrategia o planteamiento, si llevó a cabo actos de investigación inútiles o impertinentes, si no buscó toda la prueba o no llamó en juicio la prueba que era adecuada para su teoría del caso, o bien, si dejó pasar el tiempo de forma que el asunto se le prescribió, no le corresponde a los jueces tratar de impedir que eso suceda o remediarlo cuando haya acontecido.
Debe tomarse en cuenta que los sistemas latinoamericanos actuales de justicia penal no son completamente acusatorios ni completamente inquisitivos, pues aun tienen herencias de este último sistema, difíciles de desterrar en muchos casos; en otros casos se mantiene una actitud inquisitiva porque dejar la litis penal al libre juego de fuerzas de las partes puede traer inconveniencias en la aplicación de la justicia material como fin último del proceso penal. Tal es el caso en que una defensa amañada le impida a la víctima el acceso a la justicia, y que los jueces no hagan nada para impedirlo, cuando estaba en sus manos aplicar un correctivo.
De ahí que la doctrina se refiere a esta mezcla de sistemas indicando que el sistema procesal penal acogido por los países latinoamericanos a partir del Código Procesal Modelo para Iberoamérica es marcadamente acusatorio.
Las exigencias de muchos intérpretes y aplicadores del derecho procesal penal es que el mismo debe tener siempre hacia lo acusatorio, donde el límite será el derecho de defensa de las partes. Por derecho de defensa se entiende tanto el derecho del imputado o acusado a defenderse, como el derecho de la víctima a que se le haga justicia.
En la actualidad nadie confiesa que el sistema que poseemos es puramente acusatorio, porque existen muchas normas legales y prácticas jurisprudenciales que propician una actuación oficiosa por parte de los jueces de las diversas etapas procesales; de ahí que afirmamos que nuestra codificación procesal es de tendencia acusatoria.
Así, el sistema acusatorio espera que sean las partes las que mantengan la posesión de su conflicto, y que el Estado solo intervenga para lograr su apaciguamiento o impartir una solución de obligado acatamiento para ambas partes.
En Nicaragua se introdujo el sistema acusatorio con la reforma procesal penal de la Ley N°406, publicada en La Gaceta N°243 del 21 de diciembre de 2001 y N°244 del 24 de diciembre de 2001 (Código Procesal Penal).
La meta de esta introducción fue devolverles a los particulares las posibilidades de solucionar su conflicto, preferiblemente mediante vías alternas negociadas, darle mayor participación a la víctima en la gestión de su interés, evitar la identificación del Estado con el rol particular de la víctima, garantizar un mejor ejercicio del derecho de defensa de la persona sometida al proceso penal y evitar que los jueces identificaran su rol de terceros imparciales con el rol parcial o interesado del acusador o del defensor.
La idea de introducir el sistema acusatorio fue llevada a cabo con el propósito de sustituir el sistema inquisitivo, al que tantas críticas se le habían hecho por la pérdida de garantías que significaba y por el irrespeto a los principios constitucionales y a los tratados internacionales.
Del sistema acusatorio se espera que haga posible el funcionamiento del Estado de derecho y la consolidación del proceso democrático en Nicaragua, en lo que al sistema penal se refiere, dado que el sistema penal tiene la función social implícita de asegurar el goce de derechos y libertades dentro del territorio nacional.
La trilogía del sistema acusatorio (acusador-acusado-juez): Implica una repartición de roles y un reconocimiento de intereses para cada sujeto procesal. Por ello procura que se garanticen el derecho de defensa, la igualdad de las partes en el proceso (que exige la igualdad de acceso a la justicia así como la llamada paridad o igualdad “de armas”), la objetividad y proporcionalidad en la persecución, el derecho a un juez natural (que implica prohibición de formación de tribunales ad hoc o conformados para el caso concreto en sustitución de los jueces naturales o competentes que prevé la ley), el principio de justicia material (según el cual, el fin del proceso no es el proceso mismo como una sucesión de requisitos formales, sino la aplicación de la justicia más accesible en el caso concreto).
El sistema acusatorio se define también por oposición al sistema inquisitivo. En otras palabras: si de un sistema se dice que es inquisitivo, automáticamente se está diciendo que no es acusatorio. En el inquisitivo predomina la confusión de roles de la acusación (vemos a jueces investigando, persiguiendo y acusando como si ellos fueran el Ministerio Público) y se evidencia la pérdida de garantías y la disminución o menoscabo del derecho de defensa del acusado.
El sistema acusatorio se define también por oposición al sistema inquisitivo. En otras palabras: si de un sistema se dice que es inquisitivo, automáticamente se está diciendo que no es acusatorio. En el inquisitivo predomina la confusión de roles de la acusación (vemos a jueces investigando, persiguiendo y acusando como si ellos fueran el Ministerio Público) y se evidencia la pérdida de garantías y la disminución o menoscabo del derecho de defensa del acusado.
En el sistema inquisitivo se pierden el control recíproco de la función penal, predomina la escritura en detrimento de la oralidad, se disminuyen las posibilidades de defensa de las partes, el sumario o expediente es fundamentalmente secreto, el juez promueve de oficio las causas penales, realiza actos de investigación y de prueba y se pierde la oportunidad que brinda el contradictorio, porque el acusado está frente a un enorme poder autoritario y omnipotente.
Igualmente se pierde la oportunidad de controlar la racionalidad, la proporcionalidad, la utilidad y la necesidad de los actos de imperio del Estado.
Impera la oficiosidad por parte del juez, disminuye la participación de la víctima, la cual es neutralizada e invisibilizada y su conflicto secuestrado; el delito es visto como “una ofensa contra el rey”, “una ofensa la Corona”, “una ofensa contra el Estado” y no como un conflicto fundamentalmente entre acusado y víctima.
En muchas ocasiones, las mismas partes ya no desean continuar con su oposición, pero el Estado persiste en mantener vivo el expediente y obligar a las partes a llegar a un punto al que ya no quieren llegar o sobre el que han perdido interés. Esto, a pesar de que, en muchos delitos, no existe una ofensividad social ni se ha lesionado el tejido de la convivencia comunal, o incluso donde la lesividad es exigua o de poca importancia, o bien en casos en que el conflicto es estrictamente particular.
El sistema inquisitivo no propicia la aplicación de medidas alternativas a la prosecución penal, ni salidas laterales, ni mecanismos de simplificación procesal, sino que dirige todo el cauce del proceso penal hacia el juicio final, donde solamente se busca la verdad real de lo acontecido, y como solución propone solamente el castigo del acusado hallado culpable, usualmente mediante el encierro. De ahí que es un sistema que pierde humanismo y tiende a volverse intolerante.
También se le acusa de inoperante, porque no es capaz de llevar a juicio o atender todos los delitos cometidos en un territorio (tal como se lo autopropone) sino solamente aquellos donde la prueba es evidente o donde el infractor es fácilmente identificable o no tiene poder para repeler al sistema penal.
A esto último se le llama selectividad del sistema penal, y se le señala que solamente dirige la maquinaria del Estado contra franjas cautivas y previsibles de delincuentes, pero no contra grandes delincuencias que tienen un mayor efecto multiplicador de malestar social.
En general, el sistema inquisitivo lesiona principios básicos de la administración de justicia, tales como la imparcialidad, la independencia, la competencia y el juez natural, y se divorcia de la óptica propia del Estado democrático de derecho.
PRINCIPIOS BASICOS QUE RIGEN EL SISTEMA ACUSATORIO
El Código Procesal Penal nicaragüense contempla diecisiete principios que rigen la interpretación de todas las formas procesales. Estos principios sirven para interpretar las diversas normas procesales en los casos en que al intérprete tenga duda, o bien en casos novedosos o imprevistos. No obstante, algunos de estos principios están conectados directamente con la acusación dentro de un sistema acusatorio.
Recordemos que puede existir una acusación dentro de un sistema inquisitivo; este último tipo de acusación tiene características diferentes a la acusación dentro de un sistema acusatorio, como vimos en los apartados anteriores.
Entre los principios procesales que mejor retratan el sistema acusatorio pueden señalarse:
Principio acusatorio:
Se encuentra en el artículo 10 CPP, el cual indica literalmente:
El ejercicio de la acción penal es distinto del de la función jurisdiccional. En consecuencia, los jueces no podrán proceder a la investigación, persecución ni acusación de ilícitos penales. No existirá proceso penal por delito sin acusación formulada por el Ministerio Público, el acusador particular o el querellante en los casos y en la forma prescritos en el presente Código”.
Como consecuencias directas de este principio podemos señalar:
La separación obligatoria de los roles del acusador y del juzgador.
La prohibición para los jueces de iniciar o continuar causas de oficio
La prohibición para los jueces de realizar actos de investigación o bien de prueba no solicitados por el Ministerio Público
La imposibilidad de los jueces de realizar actos de imputación.
La nulidad de los actos procesales que tengan por instaurado el proceso penal sin acusación de quien tiene derecho a presentarla (pública o privada).
La centralización de la acusación como eje sobre el cual gira el proceso penal.
La necesidad de correlación entre la sentencia que pone término al proceso penal y la acusación formulada para iniciar ese proceso.
El principio acusatorio se complementa con lo dispuesto en el artículo 281 CPP:
“El Juicio se realizará sobre la base de la acusación, en forma oral, pública, contradictoria y concentrada”.
Lo anterior significa que:
sin acusación no hay juicio oral y público (sin acusación no se puede enjuiciar a nadie)
solo puede condenarse por lo que se haya acusado (correlación entre sentencia y acusación)
solo puede absolverse por los hechos acusados pero no por hechos no acusados (el principio de única persecución o ne bis in idem solo rige para los hechos acusados, de modo que si los hechos no acusaron nada, se podría presentar una nueva acusación con los hechos correctos, sin que ello pueda interpretarse como una violación al principio de única persecución)
la acusación es el eje del juicio, por lo que la estrategia de presentación de la acusación viene a ser de una importancia capital. Una mala acusación, o la inexistencia de estrategia para presentarla (teoría del caso) pronostica la falta de éxito, aunque los elementos de prueba sean suficientes para condenar. Ejemplos: no se individualizó al autor o autores; no se delimitaron los hechos en lugar, modo y tiempo; la acusación indica bien los hechos en lugar, modo y tiempo, también individualiza, pero el verbo rector de la acción no explica la acción penalmente relevante (una acusación que diga “Juan violó a Pedro el día 1° de enero del 2006 en el cuarto de la casa de Carlos”, aunque presenta elementos de circunstanciación no describe el verbo que le interesa a la acusación, sino que solamente repite el verbo rector del tipo, o el nomen iuris del tipo penal, no indica qué tipo de acción realizó –física, mecánica-, cómo, en qué parte del cuerpo, por ejemplo, y por lo mismo resulta insuficiente para condenar, aunque todos los demás elementos estén bien).
Si el Ministerio Público no realiza una acusación correcta, de acuerdo con las exigencias constitucionales y legales, todo el trabajo realizado por diversas personas e instituciones se vendrá al suelo, y es altamente probable que la sentencia será absolutoria, por un tecnicismo legal.
El acusador no puede esperar a que el juez le “corrija” la acusación: Una consecuencia necesaria de que la acusación es la base del juicio en un sistema acusatorio implica que el fiscal debe asegurarse de que su pieza acusatoria cumple con los requerimientos de ley. No puede esperar a que sea el juez quien en las audiencias previas o en el debate le indique si la acusación cumple con la precisión, circunstanciación, especificación o claridad.
De hecho, la mejor defensa que puede hacerse en un sistema acusatorio como el nuestro, es “quedarse callado” el defensor en las audiencias previas, y no indicar los errores que tiene la acusación, porque en la etapa de juicio oral y público el defensor se opondrá a cualquier reformulación, corrección o ampliación de la acusación que no estén permitidas por la ley. Y las posibilidades de corregir o ampliar la acusación ya en sede de juicio, son muy limitadas.
La intención de un fiscal de reformular, corregir oampliar su acusación por motivos que no permite la ley, lo obligará a hacer argumentaciones sobre si ese es el momento procesal oportuno para ampliar, si existe la preclusión por etapas en el proceso penal, si la acusación incorrecta implica una actividad procesal defectuosa que pueda corregirse, si se viola o no el derecho de defensa o si al impedir la ampliación o reformulación de la acusación se le está denegando a la víctima el acceso a la justicia material.
Argumentaciones todas que se habrían evitado con solo asegurarse de que la acusación cumplía con todos los requisitos constitucionales y legales, y aplicando la teoría del caso a la acusación que se va a presentar.
Principio de legalidad.
Este principio obliga a que el proceso penal se realice con arreglo a un procedimiento previamente establecido. Lo que implica automáticamente que no pueden inventarse normas procesales, y que los casos no previstos por el sistema deben ser resueltos mediante la aplicación de los principios generales aplicables al proceso penal.
El principio de legalidad se encuentra tanto en la Constitución Política como en el mismo CPP.
El artículo constitucional número 160 establece:
“La administración de la justicia garantiza el principio de la legalidad; protege y tutela los derechos humanos mediante la aplicación de la ley en los asuntos o procesos de su competencia”.
El artículo 1° CPP, por su parte, indica:
“Nadie podrá ser condenado a una pena o sometido a una medida de seguridad, sino mediante una sentencia firme, dictada por un tribunal competente en un proceso conforme a los derechos y garantías consagrados en la Constitución Política, a las disposiciones de este Código y a los tratados, convenios y acuerdos internacionales suscritos y ratificados por la República”.
De lo anterior se desprende que nadie puede ser condenado a una pena sin una acusación adecuada, puesto que ningún tribunal competente podrá dictar una sentencia correcta si se basa en una acusación incorrecta. Obviamente serán los superiores en grado los que terminarán derribando el edificio construido por una sentencia penal basada en una acusación defectuosa, experiencia hartamente recorrida por nuestros ministerios públicos.
Principio de legalidad para el Ministerio Público, significa que la acusación es una facultad, pero también un deber. Dicho de otro modo: si el fiscal o la fiscal comprueba que está ante un hecho ilícito, tiene la prueba suficiente y no acusa, está violentando el principio de legalidad, el cual le obliga a llevar adelante la acción penal mediante las herramientas que le da la ley. La herramienta más importante –y más dura- es la acusación.
Pero, por otro lado, el principio de legalidad no debe ser utilizado por el Ministerio Público para llevar adelante cualquier acusación, solo porque tiene la facultad legal de acusar. De ahí que se admita, por parte de la doctrina internacional, que el principio de legalidad está limitado por el principio de proporcionalidad, del que a su vez deriva el principio de lesividad.
Según el principio de proporcionalidad, la acusación debe tener un fin y un motivo suficientes para que el derecho penal actúe ahí en esa zona de la vida privada y de la vida pública; la acusación debe ser pertinente, útil, necesaria, adecuada al fin social último que se busca con el reproche que hace el derecho penal a las acciones privadas o públicas de las personas.
Según el principio de lesividad, la acusación debe presentarse cuando la amenaza de lesión (peligro) o la lesión efectiva (resultado) del bien jurídico tutelado, por causa de un hecho delictivo, es intolerable para la convivencia armónica individual o colectiva, por lo cual el derecho penal debe reaccionar, para reprochar a quien no se ajusta a lo esperado por la norma, y para proteger a quien ajustó sus hechos a lo preceptuado por la norma pero fue victimizado por otra persona.
En muchos casos estamos en presencia de hechos que, si bien son típicos, no precisan de una respuesta del aparato punitivo (ejemplo: delitos de bagatela, comisiones de un delito “formalmente” pero que “materialmente” no ofende de un modo trascendental el bien jurídico).
Ante tales casos, si bien el principio de legalidad nos llevaría a actuar, el principio de proporcionalidad y su derivado de lesividad nos obligan a “ahorrar” las energías del sistema para dedicarlas as asuntos de verdadera trascendencia en la vida social de la nación.
Principio de objetividad
El principio de objetividad de las actuaciones del Ministerio Público viene a ser una excepción al principio acusatorio, pues lo obliga a buscar y proveer la prueba que sirva también para exculpar. No se aplica el principio de objetividad al acusador particular ni al querellante.
El artículo 90 del CPP asienta el principio de objetividad, tanto de la Policía Nacional como del Ministerio Público, al referir:
“Objetividad. El Ministerio Público, con el auxilio de la Policía Nacional, tiene el deber de procurar el esclarecimiento de los hechos en el proceso penal, cumpliendo estrictamente con los fines de la persecución penal.
Para el éxito de la investigación y el ejercicio de la acción penal ambas instituciones deberán coordinar sus acciones. Para tal efecto, la Policía Nacional podrá solicitar al Ministerio Público asesoramiento jurídico que oriente su labor investigativa.
En el ejercicio de su función, el Ministerio Público adecuará sus actos a un criterio objetivo, velando únicamente por la correcta aplicación de la ley penal. Deberá formular los requerimientos e instancias conforme a este criterio, aun a favor del imputado”.
Lo anterior debe interpretarse en el sentido de que el Ministerio Público no es un acusador a ultranza, ni un perseguidor que solo se concentra en la prueba que lleve a condenar.
Forma parte del sistema acusatorio porque permite moderar la respuesta penal ante acciones que aparentemente son ilícitas pero de las que luego se sabe que tenían una razón de ser (legítima defensa, estado de necesidad, cumplimiento de un deber u otra causal de justificación, por ejemplo).
El fiscal o la fiscal no debe esperar a que sea la defensa la que “descubra” la causa de justificación, pues si el acusador o la acusadora encuentra dicha justificación al momento de analizar el caso, debe proceder sin demora a buscar o profundizar la prueba que la demuestra.
El principio de objetividad, como se dijo antes, es aplicable al acusador público, pues el acusador privado o el querellante están movidos por un interés puramente privado, por lo que no están obligados a buscar la prueba de descargo, ni a sugerírsela a su contraparte.
Lo anterior explica por qué el sistema es acusatorio, porque la parte acusa lo que cree conveniente para sus intereses, pero se muestra indiferente a cuál será la estrategia de defensa de la parte contraria.
Por eso antes afirmábamos que en muchas ocasiones el sistema no puede ser absolutamente acusatorio sino mixto, porque si el juez nota indefensión de alguna de las partes deberá intervenir como tercero imparcial para evitar que una parte salga lesionada injustamente.
Si el juez debiera intervenir para que la acusación privada sea corregida porque está mal formulada, ello sería una manifestación inquisitiva, aunque la mala acusación impida que se realice el principio de justicia material. Esto parece contradictorio con la búsqueda de la justicia como fin último del proceso penal, pero es parte de los desajustes propios de un sistema democrático.
Obligar al juez a intervenir siempre, para que una parte no sea perjudicada cuando su abogado representante no la defiende bien, significaría darle un carácter marcadamente inquisitivo al proceso penal.
Lo anterior demuestra que la calificación de inquisitivo o acusatorio a un sistema de justicia penal es más bien una cuestión de búsqueda de equilibrio.

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